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Repunte de la tension por el cambio de nombre de la comunidad francesa de Belgica

http://www.mondivers.cat/spip.php?article2585

La denominación de «Federación Valònia-Bruselas» irrita los flamencos, que la califican de «lenguaje casi guerrero» y de «provocación» · El estatus de la capital, trasfondo del debate

La Comunitadad Francesa de Bélgica se denominará a partir de ahora Federación Valònia-Bruselas, una decisión que ha provocado un alud de críticas entre los políticos flamencos. Cómo a menudo en la política belga, el trasfondo de esta nueva crisis es la situación de la capital estatal, Bruselas: los flamencos no quieren que la región brueleña sea tratada de igual a igual con las regiones flamenca y valona, justo el contrario del que desean los partidos francófonos.

El cambio de nombre fue anunciado ayer lunes por Rudy Demotte, ministro-presidente de la Comunidad Francesa y de la región de Valònia, explica 7sur7, con el acuerdo de todos los partidos francófonos representantes a los parlamentos valón y bruselès. Demotte fue muy claro a la hora de explicar cuál es el sentido del cambio del nombre: los partidos francófonos no quieren sentir a hablar de la «cogestión» de Bruselas entre valones y flamencos. Pasando de «Comunidad Francesa» a «Federación Valònia-Bruselas» se pretende arreciar el carácter de «región completa» de la capital belga.

Pero la idea no ha caído nada bien entre la clase política flamenca. Uno de los más vehementes en su rechazo al nuevo nombre ha sido Enric Van Rompuy, diputado de los Democratacristianos y Flamencos (Christen-Democratisch en Vlaams, CD&V), quién lo ha calificado de «lenguaje casi guerrero». Para Van Rompuy, la decisión es una prueba que los francófonos «están convencidos que Flandes se escindirá» de Bélgica y que ya se están preparando para este escenario.

Para la independentista Nueva Alianza Flamenca (Nieuw-Vlaamse Alliantie, N-VA), partido flamenco más votado a las elecciones del año pasado, el nuevo nombre es «una provocación» porque ni siquiera se ha consultado las fuerzas flamencas con representación en el Parlamento de Bruselas. El partido independentista ha retado los francófonos a «financiar» Bruselas sin los fondos provenientes de Flandes.

Una arquitectura estatal compleja

El federalismo belga prevé dos tipos de organismos. Por un lado, las regiones, de las cuales hay tres: Flandes, Valònia y Bruselas. De la otra, las comunidades, también tres: la francesa, la flamenca y la alemana. Las comunidades ejercen competencias culturales y lingüísticas; en el territorio de la región de Bruselas lo hacen tanto la francesa como la flamenca. Este es el argumento al cual se cogen los flamencos para decir que la región de Bruselas nunca podrá considerarse en plan de igualdad respecto de Flandes y de Valònia. La capital, dicen los flamencos, tendría que ser cogestionada por las dos grandes regiones belgas.

En cambio, los francófonos opinan que Bruselas tiene que ser una región con todas las competencias y que, si lo desea, tiene que mantenerse vinculada a Valònia. Aproximadamente, entre el 70% y el 75% de los bruselenses hablan francés en casa.

Asi funciona la UE:Eurodiputado navarro cazado por lobbista

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/27/union_europea/1301222359.html

El eurodiputado popular Pablo Zalba retocó una directiva comunitaria siguiendo el criterio de un falso grupo de presión. La trampa se la tendió el rotativo británico ‘The Sunday Times’ para denunciar cómo los ‘lobbies’ cuelan enmiendas en la legislación de la Unión Europea.

El periódico ha hecho pública hoy una grabación comprometedora para el eurodiputado navarro. El vídeo incluye fragmentos de las reuniones de Zalba con reporteros del periódico, que se hicieron pasar por representantes de una empresa que quería cambiar la legislación a su favor. Se trataba de que el eurodiputado introdujera una enmienda en una directiva dirigida a proteger los derechos de los pequeños inversores.

A cambio, sus interlocutores le ofrecían un puesto remunerado con 100.000 euros anuales o una generosa minuta como consultor. El eurodiputado no llegó a cobrar por sus servicios. Pero se mostró por la labor y llegó a publicar en la Eurocámara la enmienda con las mismas palabras que le habían sugerido los reporteros, según consta en el registro oficial de la institución.

El rotativo británico ha tendido un anzuelo similar a 14 eurodiputados y por ahora Zalba es el único español en morder. Según fuentes próximas al periódico, no tanto por la honradez de sus colegas sino porque los reporteros han sufrido para encontrar a un eurodiputado español con un inglés suficiente para trapichear. Zalba lo tiene según aprecia en el vídeo, que lo retrata como un político dispuesto a colaborar con los emisarios de una empresa desconocida y de retocar una norma comunitaria a su favor.

Los reporteros abordaron a Zalba el 19 de enero en su despacho de Estrasburgo y le dijeron que estaban buscando “un socio” dentro del Parlamento Europeo para retocar la legislación. El español no se extraña por la oferta y presume de su poder para influir sobre la legislación. “Yo puedo cambiar cualquier informe que prepare el Parlamento”, explica en el vídeo. “¿Y cambiar la enmienda?”, le interpela la reportera británica.

“Aquí hay muchos grupos de presión y muchos quieren que metamos enmiendas. Y depende de nosotros si hacemos un corta y pega. Yo intento estudiar con cuidado no sólo el informe sino las enmiendas e intento no firmar ninguna enmienda que no me haya estudiado cuidadosamente”.

Una declaración que contrasta con su respuesta cuando los reporteros le preguntan si podría presentar una enmienda a la medida de sus clientes. “Claro”, dice Zalba. Y remacha: “Por supuesto, por supuesto”.

Dos semanas después, el eurodiputado y los reporteros se vuelven a ver. Esta vez en su despacho de Bruselas, donde todo discurre de manera muy similar. Zalba subraya que “por supuesto” que está dispuesto a aceptar el puesto remunerado que le ofrecen pero añade que prefiere esperar a saber si el PP lo presenta como candidato en los comicios de mayo. Por ahora, sin embargo, los reporteros están más interesados en que introduzca una enmienda en la directiva. “Claro”, dice Zalba solícito, “siempre y cuando no haya ningún problema que vaya contra el criterio de mi grupo”.

Eliminar un punto entero o retocarlo

A partir de entonces, arranca un intercambio de correos electrónicos muy provechoso. Los reporteros sugieren a Zalba dos opciones: eliminar un punto entero de la norma o retocarlo para eximir a los fondos financieros europeos de dar cierta información a sus clientes.

El popular responde enviando un texto retocado y preguntando: “Por favor, decidme cuanto antes si esto se ajusta a lo que quieren vuestros clientes”. Los reporteros contestan que no se ajusta a lo que quieren y Zalba les responde con una nueva versión. Para entonces, el texto de la enmienda es idéntico al que le han propuesto. El bochorno lo rubrica el encuentro en el bar de la Eurocámara. “En cualquier caso, incluimos vuestra enmienda”, saca pecho un relajado Zalba.

La semana pasada, ‘The Sunday Times’ denunció a tres eurodiputados que aceptaron dinero a cambio de colar enmiendas, uno conservador, el austriaco y ex ministro de Interior Ernst Strasser, y dos socialistas, el esloveno Zoran Thaler y el rumano Adrian Severin. Los dos primeros dimitieron de inmediato, mientras que Severin se resiste a dejar el escaño y el sueldo, aunque ha sido expulsado de su partido y el Parlamento Europeo le ha quitado hasta el despacho.

Zalbva dice que no aceptó dinero

Zalba asegura que su caso no es comparable a los tres anteriores porque él no aceptó dinero de los falsos lobbistas. El eurodiputado navarro, y bloguero de este diario, relata que los periodistas encubiertos le ofrecieron 100.000 euros por ser consejero delegado de su consultoría y varias cantidades más pequeñas, entre 3.000 y 7.000 euros.

“Siempre dije que no”, insiste a este diario. Según Zalba, es parte de su trabajo reunirse con grupos de presión y la enmienda que le proponían los falsos consultores era “muy buena” y gustó en su partido. Al descubrir “la trampa”, el eurodiputado contactó con el diario antes de que publicara el artículo y consiguió una declaración por escrito de los abogados del ‘Sunday Times’ que afirma que el parlamentario “claramente no aceptó ningún dinero” ni rompió “ninguna regla de procedimiento del Parlamento Europeo”.

El eurodiputado navarro explica que se reunió tres veces con los falsos lobbistas, la última de ellas de manera informal, con un café en Estrasburgo. “Porque soy educado”, dice. También reconoce que la periodista encubierta “era muy guapa”.

Ésta es la segunda vez en pocas semanas que la prensa británica denuncia prácticas poco éticas del Parlamento Europeo. En enero, ‘News of the World’ y la eurodiputada independiente Nikki Sinclaire, publicaron las fotos de los eurodiputados que fichan el viernes por la mañana, cuando ya no hay sesión parlamentaria, cobran sus 300 euros de dieta y se van inmediatamente a sus casas. Entre ellos, sólo había una española, Eider Gardiazabal.

 

 

Ron Paul: La zona de exclusion aerea en Libia es Inconstitucional

EELcongresista Ron Paul se ha unido al creciente coro de voces que se oponen la decisión del presidente Barack Obama para ir a la guerra en Libia sin la aprobación del Congreso.

El Artículo 1, sección 8 de la Constitución de EE.UU. establece claramente que el Congreso tendrá la facultad de “declarar la guerra, otorgar patentes de corso y represalias y para dictar reglas con relación a las presas de mar y tierra.”

En un vídeo grabado el viernes, Ron Paul dice que  la decisión del presidente Obama para imponer una zona de exclusión aérea sobre Libia “un acto de guerra”.

“La zona de exclusión aérea es inconstitucional porque el Congreso no lo ha autorizado”, dice. Vea el video completo a continuación.



La idea de que cualquier hombre tiene la facultad de llevar a  toda la nación a la guerra es totalmente antidemocrático, independientemente de quién sea el presidente. Una reciente encuesta de Fox News encontró 65 % de los votantes registrados se opuso a la participación militar de EE.UU. en Libia.

La tragedia que acontece en Libia exige la atención del mundo, pero no es la única. La semana pasada, las fuerzas saudíes invadieron Bahrein para ayudar a la monarquía represiva al-Khalifa a reprimir brutalmente un levantamiento de la mayoría chiíta del país.

Al atacar a Muammar Gaddafi, ignorando las atrocidades cometidas por la Casa de Saud, el presidente Obama continúa la larga tradición de los EE.UU. de condenar a un dictador, mientras que le da la mano a otra. Esto no es el cambio que votó en el 2008. Es lo de siempre. No es de extrañar que no quiera que la cuestión vaya ante el Congreso, donde los legisladores como Ron Paul podrían haber participado en un debate público sobre las razones para ir a la guerra en Libia. Si los últimos diez años de la guerra contra el terrorismo nos han enseñado algo, es que es preciso que este tipo de decisiones no debe hacerse a puerta cerrada.

Lorenzo B. de Quirós: La cuestión catalana

http://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/2414888/09/10/LA-CUESTION-CATALANA.html

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña ha creado una enorme polémica que puede desembocar en una crisis institucional. De un lado se exige la aceptación por parte del Principado de la resolución del máximo órgano jurisdiccional del Estado; de otro se considera que esa decisión atenta contra la voluntad mayoritaria del pueblo catalán expresada en referéndum.

Guste o no, esta situación plantea un problema de primera magnitud en tanto que las fuentes de legitimación de las pretensiones catalanas y las del TC son diferentes. En este contexto, el enfrentamiento entre las demandas políticas de Cataluña y el marco institucional vigente tienen una difícil solución y ponen en cuestión el modelo de organización territorial del Estado alumbrado por la Constitución de 1978. Éste es el fondo de la cuestión y resolverlo es de una extrema complejidad.

De entrada da igual, permítaseme la licencia, que un texto constitucional declare que sólo hay una nación, la española; también da igual el recurso a razones históricas para justificar las pretensiones integradoras o particularistas del todo o de una parte. Del mismo modo es irrelevante declarar que el único poder constituyente es el conjunto del pueblo español.

Posible solución

Cuando la mayoría de la población existente en un territorio determinado aspira a constituirse en Estado o en algo muy parecido y se siente justa o injustamente tratada por el resto, ése es un hecho de extrema gravedad. Ante este panorama, la respuesta clásica de los gobiernos centrales era suspender la autonomía de las administraciones sedicentes u obligarles por la fuerza a permanecer dentro de la estructura unitaria o descentralizada del Estado. La otra alternativa ha sido permitir la disgregación pacífica de la vieja estructura territorial, léase el caso de la antigua Checoslovaquia.

A estas alturas parece improbable que un Estado democrático en un entorno como el europeo sea capaz o esté dispuesto a recurrir a una suspensión del autogobierno de una región o de una comunidad autónoma o a una intervención militar para evitar la secesión de una parte de su territorio. Es más, la amenaza de usar esas dos armas tiene un escaso poder disuasorio.

Tampoco es posible que, en un escenario de economías abiertas, un Gobierno central empeñado en preservar su unidad sea capaz de asfixiar económicamente a la parte que quiere o aspira a disgregarse.

El coste y las competencias

El Estado moderno, tal como se alumbró hace cinco siglos, está en crisis y resulta muy complicado mantenerlo con sus viejas prerrogativas en contra de la voluntad de quienes lo integran. Desde esta perspectiva, su capacidad de recabar la lealtad de sus súbditos depende sólo de la persuasión, de ofrecerles fórmulas de integración atractivas.

En un mundo económicamente integrado, el tamaño del mercado de un país es más grande, mucho más grande, de lo que lo es su dimensión política. En el caso extremo, en el que las fronteras son totalmente irrelevantes para las interacciones económicas, el tamaño del mercado de cada país es el mundo. La evidencia empírica demuestra que cuanto mayor es la apertura internacional de un territorio, su viabilidad tiende a volverse independiente de su dimensión.

No es una casualidad que la existencia de la NAFTA hiciese el separatismo de Quebec más fácil y menos costoso. En una Europa con libre circulación de bienes, servicios y capitales, cualquier estructura territorial puede sobrevivir salvo que cometa el error o el suicidio de volverse autárquica. El coste de la independencia disminuye con la globalización de la economía.

Con independencia de la cuestión catalana, lo cierto es que los estados europeos contemporáneos, en su forma tradicional se ven amenazados por dos movimientos. Por un lado por el traspaso de competencias hacia una entidad supranacional, la Unión Europea; por otro, por una transferencia de poder hacia las administraciones periféricas, regiones y municipios. Esta tendencia será imparable salvo que se produzca una vuelta generalizada al proteccionismo en Europa, lo que es poco probable.

Ante este panorama es necesario plantear formas imaginativas, flexibles y no coercitivas de integración política, lo que exige convencer a los teóricos o reales secesionistas, independentistas o llámeseles como se quiera de las ventajas de la unión. En otras palabras es preciso recrear o reinventar el esquema de Las Españas.

Por último, es impensable buscar un acuerdo institucional estable sin modificar de manera radical ese mecanismo de transferencias interregionales. Al margen de unos mínimos, no todas las regiones del país tienen que tener los mismos servicios públicos o idénticas prestaciones sociales como tampoco una similar presión fiscal. Este uniformismo es incompatible con la propia esencia de un sistema descentralizado, es ineficiente y además crea agravios, sobre todo en épocas de crisis. Las zonas ricas del territorio nacional no tienen por qué subvencionar a las pobres, lo que además no ha servido para avanzar en la convergencia real entre las regiones españolas sino para crear mecanismos de clientelismo político pagado con el dinero de otros.

En suma, la cuestión catalana no es una anormalidad española sino el resultado de una estructura de organización territorial del Estado que no se adapta a la realidad de los tiempos. Así sucede en otras entidades políticas. En el caso de España resulta evidente que el Título VIII de la Constitución ya no da más de sí. Si el problema de Cataluña no se afronta con inteligencia y racionalidad, el andamiaje de eso que llamamos España puede saltar en pedazos.

Un grupo de juristas catalanes argumenta la amplacion interna de la UE

El derecho comparado dice que en caso de secesión de una parte de un Estado Miembro, si el nuevo Estado lo deseara podría continuar formando parte de la Unión, de acuerdo con el carácter ‘parafederal’ de la UE · Citan como precedente los casos de Jura, en Suiza, y algunos Estados de los EE.UU., y remarcan que el hecho de que el actual ordenamiento jurídico no lo prevea, no significa que no se pueda hacer.

Ampliación interna

El concepto de ampliación interna de la Unión Europea es cada vez más recurriendo entre algunos pensadores políticos de la independencia de Cataluña. Han hablado, con más o menos intensidad, Alfons López Tena y Oriol Junqueras, y generalmente está el convencimiento que, en caso de una separación democrática y expresada la voluntad del nuevo Estado de pertenecer, difícilmente la Unión Europea recurriría a la expulsión.

Ahora, esta tesis ha recibido el apoyo proveniente del mundo académico. Cuatro profesores universitarios, especialistas en derecho constitucional y derecho comunitario europeo, han elaborado a petición de la Fundación Josep Irla el documento “La ampliación interna de la Unión Europea: Análisis de las consecuencias juridicopolíticas para la UE en caso de secesión o de disolución de un estado miembro”, presentado el viernes pasado en Barcelona. Este estudio, a cargo de Jordi Jaria (URV), Alfonso Gonzàlez (URV), Jordi Matas (UB) y Laura Roman (URV), analiza desde una perspectiva técnica, y partiendo de un profundo conocimiento del marco normativo europeo e internacional, cuál sería el escenario en caso de que el territorio de un Estado Miembro decidiera independizarse.

Como punto de partida, el estudio indica que el “carácter singular” de la Unión Europea hace que sea más útil buscar precedentes y analogías entre Estados federales que en organizaciones internacionales. La Unión, dice, tiene en común una serie de valores y principios democráticos; es una comunidad de derecho; y tiene, en definitiva, un carácter “parafederal”. Es precisamente sobre estos valores y principios que tendría que girar la argumentación a favor de la ampliación interna, más incluso que la retórica autodeterminista.

Actualmente, los Tratados constitutivos no ofrecen ninguna respuesta al dilema de la ampliación en caso de secesión. Eso significa que no puede haber una aplicación mecánica del derecho, y por lo tanto hay que descartar el argumento que dice “si no está previsto, es que no se puede hacer”. En la práctica, los autores del estudio consideran que la expulsión de un Estado independizado sería una especie de “castigo” por haber ejercido el derecho democrático a la autodeterminación, lo cual contradice los principales valores de la propia UE.

Pero no es sólo una cuestión de principios. Las experiencias federales analizadas también muestran un precedente favorable a la ampliación interna. Es el caso de los territorios del Jura, en Suiza, una parte de los cuales decidieron democráticamente separarse de Berna y se constituyeron en lado independiente, el año 1977. En ningún momento los impulsores de este movimiento se plantearon abandonar a la Confederación Helvética, y por eso sólo hubo que adaptar las constituciones federal y estatal a la nueva realidad.

En el Canadá, ante la posibilidad de que el Quebec pudiera independizarse a través de un referéndum, el Tribunal Supremo emitió -a petición del Gobierno federal- una sentencia que declaraba que, si bien en la Constitución del país no ha previsto el derecho a la secesión, “tampoco hay ninguna base para negar el derecho del Gobierno del Quebec a impulsar la secesión si una mayoría clara del pueblo del Quebec así lo quiere”.

Volviendo al caso de la Unión Europea, el estudio incluye una hoja de ruta que tendrían que seguir los nuevos Estados miembros para acceder automáticamente en el club europeo: un proceso democrático que condujera a la declaración de independencia; la notificación oficial en la UE de la voluntad del nuevo Estado de mantenerse como miembro de la Unión, siempre y cuando se adhiriera a sus valores y principios; el reconocimiento oficial del nuevo Estado por parte de la UE; el establecimiento de un régimen transitorio, durante el cual se llevarían a cabo las adaptaciones pertinentes a los Tratados; y finalmente, el establecimiento del régimen definitivo. El nuevo Estado ya sería un miembro de pleno derecho a todos los niveles institucionales.

En resumidas cuentas, el profesor Jordi Jaria concluye que “ni el derecho comunitario ni la arquitectura institucional de la Unión Europea” serían un problema para hacer efectiva la ampliación interna.

http://www.nationalia.cat/ca/noticies/761

La UE vigilara a los ciudadanos de opiniones radicales

Entre los logros de la Presidencia española de la Unión Europea, ha pasado prácticamente desapercibida la aprobación de un programa de vigilancia y recolección sistemática de datos personales de ciudadanos sospechosos de experimentar un proceso de “radicalización”. Este programa puede dirigirse contra individuos involucrados en grupos de “extrema izquierda o derecha, nacionalistas, religiosos o antiglobalización”, según figura en los documentos oficiales.

El pasado 26 de abril, el Consejo de la Unión Europea reunido en Luxemburgo abordó el punto del orden del día titulado “Radicalización en la UE”, que concluyó con la aprobación del documento 8570/10.  La iniciativa forma parte de la estrategia de prevención del terrorismo en Europa, y se concibió inicialmente para grupos terroristas islámicos. Sin embargo, el documento extiende la sospecha de tal forma y en términos tan genéricos que da cobertura a la vigilancia policial de cualquier individuo o grupo sospechoso de haberse radicalizado. Así, un activista de una organización civil, política o ciudadana, sin vínculos con el terrorismo, podría ser espiado en el marco de un programa que invita a investigar desde el “grado de compromiso ideológico o político” del sospechoso, hasta si su situación económica es de “desempleo, deterioro, pérdida de una beca o de ayuda financiera”.

El documento aprobado recomienda a los Estados miembros que “compartan información relativa a los procesos de radicalización”. ¿Qué entiende la UE por radicalización? El texto debería definir el concepto, pues eso permitiría acotar la vigilancia al ámbito del terrorismo islamista, pero no lo hace. Se insta, por el contrario, a considerar entre los objetivos a todo tipo de defensores de ideas heterodoxas. El acuerdo pone también bajo la lupa policial a ciudadanos que defiendan las ideas radicales clásicas, las de aquellos partidarios del reformismo democrático que tanto bien han hecho a la democracia. Incluso podría aplicarse contra quienes se consideren radicales en sentido etimológico, pues “radical” es, ni más ni menos, el que aborda los problemas en su raíz.

El acuerdo pulveriza el espíritu europeo de tolerancia hacia todas las ideas, siempre que se defiendan mediante la palabra pues, en su afán de prevenir el terrorismo, amplia el abanico de sospechosos hasta diluir la notable diferencia entre los medios con que se defienden las ideas y las ideas mismas.

El programa completo de vigilancia está recogido en un documento anterior, el 7984/10, titulado “Instrumento para almacenar datos e información sobre procesos de radicalización violenta”, de marzo de este año. Casualmente, a este texto se le dio carácter confidencial, y sólo se ha conocido gracias a que la organización de defensa de las libertades civiles statewatch.org ha tenido acceso a él y lo ha hecho público. La ONG denuncia que este programa “no se dirige en primer lugar hacia personas o grupos que pretendan cometer atentados terroristas, sino a gente que tiene puntos de vista radicales, a los que se define como propagadores de mensajes radicales”.

Entre los objetivos del documento secreto figura “combatir la radicalización y el reclutamiento”, e incluye alusiones relativas a la persecución de quienes inciten al odio o a la violencia que sí parecen dirigidas a grupos terroristas o filoterroristas. Sin embargo, éstas resultan innecesarias, pues ya están castigadas en la legislación penal de los países europeos. El texto alude indistintamente a la “radicalización” y la “radicalización violenta”, asociando el recurso a la violencia con todo tipo de ideas extremas o antisistema. El documento invita a los gobiernos a vigilar “los mensajes de radicalización” hasta un punto rayano en la vulneración de la libertad de expresión. El programa invita a escrutar las audiencias a las que se dirigen los mensajes radicales, si éstos apoyan o no la violencia, si existen otros grupos con las mismas ideas que renieguen de la violencia, cómo se transmiten los mensajes radicales, etc.

Al descender al detalle de la vigilancia individual, recomienda investigar incluso los sentimientos de las personas que militen en grupos sospechosos, mediante planteamientos como el que insta a recabar información sobre los “sentimientos de la persona en relación con su nueva identidad colectiva y los miembros del grupo”. Y con preguntas como: “¿Ha hecho la persona comentarios sobre asuntos, principalmente de naturaleza política, usando argumentos basados en mensajes radicales? ¿Ha hecho comentarios sobre su intención de tomar parte en un acto violento?”. De este modo, el acuerdo abre una peligrosa vía de persecución de las ideas, los argumentos y hasta los estados de ánimo.

La reunión en la que se aprobó este programa de vigilancia ciudadana estuvo presidida por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ya que España ostentaba la Presidencia de turno de la UE. Asistió también el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, así como la mayor parte de los ministros de Asuntos Exteriores comunitarios.

La crisis favorece la consolidación de la Union Europea

El presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, afirmó hoy que la crisis económica “esta haciendo avanzar” y “fortaleciendo” a la Unión Europea.

Algunos ya sabiamos y otros mas lo intuían.

Gracias por confirmar que cuando los pueblos de la Union Europea quieran darse cuenta habrán desaparecido los Estados-Nación y las Nacionalidades y habrán sido sustuidas por un estado Estado unificado desde Lituania y Balcanes hasta el Algarve portugues dirigidos por un oscuro organo no elegido populamente con capacidad ejecutiva y legislativa.

Gracias, Zapatero, solo te ha faltado reconocer que lo habeis hecho a proposito porque no sois lo suficientemente valientes como para aprobar y entregar oficialmente  la soberania nacional en un Parlamente ante el pueblo que os ha elegido y por eso habeis generado una crisis economica sin precedentes para entregar, entre otras, la  competencia de aprobar unos Presupuestos Generales, básicos para que funcione un Estado, al Ecofin.

Gracias por las continuas vueltas de tuerca en forma de cesión de competencias que cada vez nos incrusta mas en un mega-estado que nos hará desaparecer ( tanto al Estado español como a las nacionalidades que lo integramos) y del que cada vez es mas dificil ver la salida