Un grupo de juristas catalanes argumenta la amplacion interna de la UE

El derecho comparado dice que en caso de secesión de una parte de un Estado Miembro, si el nuevo Estado lo deseara podría continuar formando parte de la Unión, de acuerdo con el carácter ‘parafederal’ de la UE · Citan como precedente los casos de Jura, en Suiza, y algunos Estados de los EE.UU., y remarcan que el hecho de que el actual ordenamiento jurídico no lo prevea, no significa que no se pueda hacer.

Ampliación interna

El concepto de ampliación interna de la Unión Europea es cada vez más recurriendo entre algunos pensadores políticos de la independencia de Cataluña. Han hablado, con más o menos intensidad, Alfons López Tena y Oriol Junqueras, y generalmente está el convencimiento que, en caso de una separación democrática y expresada la voluntad del nuevo Estado de pertenecer, difícilmente la Unión Europea recurriría a la expulsión.

Ahora, esta tesis ha recibido el apoyo proveniente del mundo académico. Cuatro profesores universitarios, especialistas en derecho constitucional y derecho comunitario europeo, han elaborado a petición de la Fundación Josep Irla el documento “La ampliación interna de la Unión Europea: Análisis de las consecuencias juridicopolíticas para la UE en caso de secesión o de disolución de un estado miembro”, presentado el viernes pasado en Barcelona. Este estudio, a cargo de Jordi Jaria (URV), Alfonso Gonzàlez (URV), Jordi Matas (UB) y Laura Roman (URV), analiza desde una perspectiva técnica, y partiendo de un profundo conocimiento del marco normativo europeo e internacional, cuál sería el escenario en caso de que el territorio de un Estado Miembro decidiera independizarse.

Como punto de partida, el estudio indica que el “carácter singular” de la Unión Europea hace que sea más útil buscar precedentes y analogías entre Estados federales que en organizaciones internacionales. La Unión, dice, tiene en común una serie de valores y principios democráticos; es una comunidad de derecho; y tiene, en definitiva, un carácter “parafederal”. Es precisamente sobre estos valores y principios que tendría que girar la argumentación a favor de la ampliación interna, más incluso que la retórica autodeterminista.

Actualmente, los Tratados constitutivos no ofrecen ninguna respuesta al dilema de la ampliación en caso de secesión. Eso significa que no puede haber una aplicación mecánica del derecho, y por lo tanto hay que descartar el argumento que dice “si no está previsto, es que no se puede hacer”. En la práctica, los autores del estudio consideran que la expulsión de un Estado independizado sería una especie de “castigo” por haber ejercido el derecho democrático a la autodeterminación, lo cual contradice los principales valores de la propia UE.

Pero no es sólo una cuestión de principios. Las experiencias federales analizadas también muestran un precedente favorable a la ampliación interna. Es el caso de los territorios del Jura, en Suiza, una parte de los cuales decidieron democráticamente separarse de Berna y se constituyeron en lado independiente, el año 1977. En ningún momento los impulsores de este movimiento se plantearon abandonar a la Confederación Helvética, y por eso sólo hubo que adaptar las constituciones federal y estatal a la nueva realidad.

En el Canadá, ante la posibilidad de que el Quebec pudiera independizarse a través de un referéndum, el Tribunal Supremo emitió -a petición del Gobierno federal- una sentencia que declaraba que, si bien en la Constitución del país no ha previsto el derecho a la secesión, “tampoco hay ninguna base para negar el derecho del Gobierno del Quebec a impulsar la secesión si una mayoría clara del pueblo del Quebec así lo quiere”.

Volviendo al caso de la Unión Europea, el estudio incluye una hoja de ruta que tendrían que seguir los nuevos Estados miembros para acceder automáticamente en el club europeo: un proceso democrático que condujera a la declaración de independencia; la notificación oficial en la UE de la voluntad del nuevo Estado de mantenerse como miembro de la Unión, siempre y cuando se adhiriera a sus valores y principios; el reconocimiento oficial del nuevo Estado por parte de la UE; el establecimiento de un régimen transitorio, durante el cual se llevarían a cabo las adaptaciones pertinentes a los Tratados; y finalmente, el establecimiento del régimen definitivo. El nuevo Estado ya sería un miembro de pleno derecho a todos los niveles institucionales.

En resumidas cuentas, el profesor Jordi Jaria concluye que “ni el derecho comunitario ni la arquitectura institucional de la Unión Europea” serían un problema para hacer efectiva la ampliación interna.

http://www.nationalia.cat/ca/noticies/761

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