Manifiesto en defensa del Estatut :El dilema español

El derecho colectivo al autogobierno de Cataluña presenta unas profundas e inequívocas raíces históricas que lo hacen un caso especial en la política comparada de las realidades nacionales de todo el mundo. Como sabemos lo bastante bien, la voluntad de preservar el autogobierno fue uno de los vectores de la historia medieval y moderna de Cataluña, que incluye innumerables guerras con Francia y dos guerras contra la monarquía hispánica. En el siglo XX, la voluntad de autogobierno de los catalanes cristalizó institucionalmente con la Mancomunidad, un embrión de gobierno nacional llamado a levantar el país a todos los niveles. La imposición de la dictadura del general Primo de Rivera puso fin a este tímido episodio de libertad colectiva, pero el año 1931, antes de que se aprobara la Constitución de la II República Española, se recuperó un espacio de autogobierno con la institución de la Generalitat. No hay que enfatizar lo que supuso después para Cataluña la imposición de una dictadura y de un gobierno autoritario durante cuatro décadas. Después de la gran manifestación unitaria de 1977, y siguiendo el guión de 1931, la Generalitat fue restablecida antes de que se aprobara la nueva Constitución democrática, como expresión de unos derechos históricos que entonces no discutió nadie. Y un nuevo Estatuto de Autonomía pactado entre todos recibió un amplio apoyo popular en el referéndum de 1979. Años después, la gran mayoría de fuerzas políticas catalanas se propuso reformar el Estatuto para asegurar un reconocimiento nacional formal y un autogobierno de alto nivel competencial, simbólico e institucional en el nuevo escenario global. El resultado todos lo sabemos.

Afortunadamente, la historia no se repite, y Cataluña no se encuentra hoy en las puertas de una nueva imposición violenta que tenga que aniquilar su autogobierno. Pero Cataluña, y con ella todo el Estado, sí que se encuentra en una encrucijada histórico decisivo que puede sellar (o no) el fracaso de España como proyecto político compartido y como una democracia de calidad capaz de acomodar su diversidad nacional interna. Con todos sus defectos, que las idealizaciones de la Transición pierden de vista, la Constitución de 1978 tuvo una virtud: abrió un marco flexible en que cada comunidad autónoma podía encontrar el nivel de autogobierno más allegado posible a las características y aspiraciones de la sociedad respectiva. Un solo ejemplo bastará. La Constitución de 1978 establece el deber de conocer al castellano pero no prohíbe que una comunidad autónoma pueda establecer un deber de conocimiento análogo para su lengua propia, si en este deber la comunidad ve tanto una garantía de sostenibilidad lingüística como una herramienta de integración social y de igualdad de oportunidades. En el Estatuto de 1979 los catalanes fijaron el objetivo de llegar a la plena igualdad del catalán y del castellano “en cuanto a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña” y en el del 2006 los catalanes consideraron llegado el momento de concretar esta igualdad estableciendo para el catalán el deber que ya existe para el castellano. Si ahora resulta de que este deber es inconstitucional o es interpretado de manera banal, o si se pone en cuestión el significativo éxito de integración que ha supuesto la inmersión lingüística, sólo podemos concluir que el punto donde se nos quiere retornar se sitúa ni más ni menos que antes de 1979.

Mientras otras democracias del mundo desarrollado se esfuerzan en resolver su convivencia multinacional a través del reconocimiento constitucional de su pluralismo nacional interno y de diversos modelos federales de autogobierno y de gobierno compartido, España corre el serio peligro de querer cerrar judicialmente uno contencioso que sólo se puede abordar, gestionar y resolver en términos políticos y con vocación de futuro. Con la anunciada sentencia de un Tribunal Constitucional caducado, dividido, deslegitimado e internacionalmente desprestigiado, es evidente que España se encuentra en las puertas de un episodio de estricta involución política y autonómica, con el peligro que supone la negación de las aspiraciones de reconocimiento y de autogobierno nacional de los catalanes. Si estas aspiraciones -que han sido formuladas con plena lealtad al ordenamiento jurídico, pactadas entre todos y referendades en las urnas- no caben en la Constitución, sólo hay dos salidas posibles: o los catalanes renuncian a sus aspiraciones o renuncian a la Constitución; la evolución federal y plurinacional del Estado autonómico está hoy en peligro mortal. Los infrascritos, colaboradores de la prensa diaria catalana, de sensibilidades y talantes diferentes, queremos unir nuestras voces para hacer saber a la opinión pública que la situación actual es excepcional y pide gestos políticos excepcionales. La responsabilidad es, en primer lugar, de las instituciones y de los partidos políticos. Los pactos tienen que ser respetados, especialmente cuando|cuándo tienen, además, la legitimidad democrática de los ciudadanos. Si las instituciones y los partidos políticos no son capaces de encontrar una salida digna a la situación actual, la realidad obligará a los catalanes a escoger entre la involución y la secesión. Y no hay que decir que si éste se convierte finalmente en el dilema sólo habrá una opción compatible con la historia y con las aspiraciones políticas de la mayoría de catalanes actuales.

Toni Aira, Sebastià Alzamora, Pere Ayguadé, Josep M. Ballarín, Joan Barril, Oriol Bohigas, Carles Boix, Pere Bonnin, Josep Borrell Figuera, Alfred Bosch, Albert Branchadell, Gemma Calvet, Juli Capella, Manuel Castaño, Àngel Castiñeira, Jordi Coca, Joquim Coello, Agustí Colomines, Melcior Comes, Joan B. Culla, Manuel Cuyàs, Antoni Dalmau, Carles Duarte, Ramon Folch, Josep M. Fonalleras, Iu Forn, Patrícia Gabancho, Quim Gibert, Salvador Giner, Saül Gordillo, Xavier Gual, Hèctor López Bofill, Alfons López Tena, Josep M. Lozano, Ferran Mascarell, Àlex Masllorens, Imma Merino, Joan Francesc Mira, Joaquim Monclús, Josep Moya-Angeler, Xavier Muñoz, David Murillo, Josep Oliva, Ramon Pedrós, Carles Porta, Miquel Pueyo, Pilar Rahola, Ferran Requejo, Ignasi Riera, Enric Roca, Xavier Roig, Ferran Sáez, Cristina Sánchez Miret, Vicent Sanchis, Marçal Sintes, Eulàlia Solé, Josep M. Solé i Sabaté, Sílvia Soler, Joan Subirats, Vidal Vidal, Albert Villaró, Vicenç Villatoro.

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Una respuesta a “Manifiesto en defensa del Estatut :El dilema español

  1. Antes de que los catalanes se Independizen de España, hay que echarlos, para evitar el rídiculo Nacional de Nuestra Patria.

    Por ESPAÑA, echemos a los catalanes ya dándoles la Independencia, así España será para los españoles.

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